Contraloría autorizada a acceder a secreto bancario y reserva tributaria de investigados
La Contraloría General de la República ha sido dotada con una nueva herramienta para combatir la corrupción y el mal uso de los fondos públicos. A partir del último sábado, la institución podrá acceder al secreto bancario y la reserva tributaria de funcionarios y servicios públicos presuntamente implicados en irregularidades.
Esta importante prerrogativa se estableció mediante la directiva 007-2024-CG/FIS, la cual regula el procedimiento para solicitar información a entidades bancarias y organismos de administración tributaria.
La medida será aplicada cuando existan indicios que sugieran la participación de funcionarios en actividades irregulares relacionadas con delitos de enriquecimiento ilícito en el manejo de fondos y bienes públicos, así como otros delitos conexos.
Para ejercer esta facultad, la Contraloría deberá contar con evidencia suficiente y adecuada que sustente la presunta responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito. Solo entonces el contralor podrá requerir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, mediante un oficio dirigido a las entidades correspondientes. Estas tendrán un plazo de diez días hábiles para responder al pedido.
Es importante destacar que se garantiza la confidencialidad de la información solicitada. Tanto las personas como las autoridades que tengan acceso a esta información están obligadas a mantener la más estricta reserva, sin compartirla ni utilizarla para fines distintos a los requeridos. El incumplimiento de esta disposición conllevará responsabilidades administrativas y penales.
Con el fin de garantizar la protección y confidencialidad de los datos, se está implementando un aplicativo informático especializado para el requerimiento y la recepción de la información solicitada. Una vez operativo, las entidades financieras designarán un Oficial de Cumplimiento, quien recibirá un usuario y contraseña para acceder al sistema.
Con estas medidas, se busca fortalecer la transparencia y el control sobre el uso de los recursos públicos, así como combatir eficazmente la corrupción en el ámbito gubernamental.
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